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La Fiscalía General de la Nación reveló este viernes detalles de la desarticulación del esquema ilegal para conseguir medicinas de contrabando, vencidas, en mal estado y adulteradas que posteriormente eran vendidos como productos originales a EPS y hospitales en varias regiones del país.
Las diligencias judiciales se desarrollaron en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo en el Huila. En los allanamientos, las autoridades incautaron más de media tonelada de productos farmacológicos para tratar enfermedades como la hemofilia, el cáncer, VIH, entre otras. (Ver: Operadora del servicio de salud de los maestros en Ibagué fue allanada por la Fiscalía)
Según la Fiscalía, la redada permitió la captura de 13 personas que se dedicaban a la adquisición ilícita y clandestina de complejos tratamientos farmacológicos.
Ellos, creaban empresas de comercialización de medicamentos, ofrecían sus servicios a EPS, hospitales y clínicas, conseguían contratos de suministro para pacientes con enfermedades de gravedad, era parte del sistema criminal detectado por el ente investigativo. (Ver: Las inconsistencias halladas en medicamentos suministrados por la operadora de salud de los maestros en el Tolima)
De acuerdo con la investigación, la cadena criminal inició en Ibagué con la constitución de la Fundación Vida y Salud, Fundasalud IPS y Fundasalud Gold, dos Institutos Prestadores de Salud que, en el papel, cumplían los requisitos de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender personas con enfermedades como la hemofilia, cáncer, problemas renales y VIH/SIDA. (Ver: Gigantesco operativo de la Fiscalía contra redes de corrupción en la salud deja 10 capturas en el Tolima)
En año y medio de investigaciones se constató que, al parecer, la red criminal no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos certificados, por el contrario, recurría a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones, aun así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta.
Con un andamiaje ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimedical S.A.S., farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un monopolio criminal y acaparó los convenios con, por los menos, seis EPS del Tolima, y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío en Antioquia, Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta. (Ver: Cayó Marco Antonio Ramírez, el hombre fuerte detrás de la polémica entidad Fundasalud)
Asimismo, la red delincuencial se encargaba exclusivamente del abastecimiento de medicamentos a pacientes de EPS y cubría la entrega de tratamientos de alto costo que, en atención a fallos de tutela, los centros asistenciales debían cumplir periódicamente. (Ver: Docentes del Tolima expresan su preocupación por el suministro de medicamentos presuntamente adulterados)
Durante el proceso está documentado que algunos usuarios del sistema de salud no recibieron sus tratamientos y aun así aparecen sus firmas como si se los hubieran entregado.
Gracias a la evidencia física y técnica recopilada, todos los integrantes del monopolio criminal fueron identificados, se conoció que obtenían ganancias de hasta $1.000 millones de pesos por convenio, y quedaron al descubierto las vías ilícitas que usaban para conseguir los medicamentos, algunas de ellas son:
Ingreso de medicinas de contrabando de Ecuador y Venezuela
Estos productos entraban al país sin respetar la cadena de frío o las medidas de conservación, y eran trasladados hasta distintos puntos del territorio nacional, donde les alteraban las fechas de caducidad y los lotes de fabricación para darles una apariencia de legalidad.
Dice la Fiscalía que hay evidencia de que la organización ubicaba hogares geriátricos y otros institutos de salud, y les compraban los medicamentos que daban por descontinuado, por caducidad o mal estado.
Asimismo, está certificado que algunos integrantes de la estructura contactaban pacientes con enfermedades catastróficas y les compraban, a bajo costo los medicamentos que les entregaban las EPS; así sacaban al mercado y a mayor precio las medicinas de uso restringido.
Las capturas
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La Fiscalía General de la Nación, hizo efectivas 13 órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la organización ilegal y realizó 15 diligencias de registro y allanamientos en Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Palermo (Huila).
En las diligencias judiciales fue incautada algo más de media tonelada de medicamentos que no cumplían con los requisitos de ley para su distribución, habrían sido alterados o generaban dudas sobre su origen.
Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías de Ibagué, Bogotá y Cúcuta y se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, usurpación de los derechos de propiedad industrial, violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, enajenación ilegal de medicamentos, favorecimiento y facilitación de contrabando.
Los doce procesados aceptaron cargos y por disposición de los jueces recibieron medida privativa de libertad en sus lugares de domicilio, pese al peligro que representan para la sociedad.
#Video | Así funcionaba la red criminal de venta y distribución de medicamentos de contrabando en el Tolima y otras regiones del país. @FiscaliaCol. Más detalles: https://t.co/EcAXVsEIed pic.twitter.com/zICvHT1p3n
— El Olfato (@Elolfato) 22 de marzo de 2019
Los detenidos
- Marco Antonio Ramírez Varón, señalado cabecilla de la estructura, representante legal y propietario de Fundasalud.
- Mónica Liliana Ovalle Páez, regente de farmacia de Fundasalud y persona de confianza de Marco Ramírez. Actualmente trabaja en una sede de la unión temporal Tolihuila, en la que Fundasalud es el operador logístico encargado de la entrega de los medicamentos a pacientes del magisterio.
- Yesid Wilches Machado, propietario y representante legal de la comercializadora Distrimedical S.A.S, señalado de adquirir fraudulentamente medicamentos de alto costo. Sería quien adquiría los tratamientos esenciales para la hemofilia.
- John Arbey Albarracín Vélez, representante legal de Medline Pharma en Cúcuta. Esta razón social tiene como objeto la distribución de medicamentos de alto costo y vitales no disponibles.
- Juan Gabriel Basto Granada, alias ‘Mike’, presunto coordinador de la cadena de comercialización de medicamentos. Los demás vinculados a las investigaciones cumplían distintos roles de compra, venta y adecuación de los medicamentos.
La Fiscalía General de la Nación solicitó a los jueces de control de garantías el cierre y la suspensión de existencia legal de todas las empresas que estarían asociadas a este monopolio ilegal de medicamentos y en las que fueron encontrados productos alterados.
Asimismo, fueron compulsadas copias para que inicien las actividades tendientes a la imposición de medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio de los bienes utilizados en esta actividad.
