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Por lo menos cuatro correos electrónicos que tiene la Fiscalía General de la Nación servirían de prueba para vincular formalmente a la multinacional española Typsa a la investigación por el pago de sobornos a exfuncionarios y exasesores de la Alcaldía de Ibagué en el año 2013.
Según la Fiscalía, esta compañía europea pagó cerca de $1.776 millones al condenado abogado Orlando Arciniegas Lagos para que los favoreciera con la adjudicación del contrato de estudios y diseños de los inconclusos escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, y por los que la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez pagó $11.500 millones. (Ver: Orlando Arciniegas, condenado a 36 años por adjudicación ilícita del contrato a Typsa)
Typsa ha insistido en que la multinacional desconocía las prácticas ilícitas de sus empleados en Colombia y descargó toda la responsabilidad en Luis Rodrigo Uribe, quien era el representante legal para la época de los hechos, y Jorge Orlando Navarrete, exjefe de licitaciones. (Ver: Typsa dice que el escándalo de Ibagué afecta su imagen y buen nombre)
Uribe es testigo protegido de la Fiscalía y Navarrete está detenido en la cárcel de Picaleña de Ibagué, acusado de cometer los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
¿Se derrumba el argumento de Typsa?
La defensa de Typsa parece que se diluye rápidamente. En la sentencia contra Orlando Arciniegas, condenado a pagar 36 años de cárcel, aparecen los cuatro correos que se cruzó Luis Rodrigo Uribe, exrepresentante de Typsa en Colombia, con tres altos directivos de la compañía en España, a quienes les informa claramente sobre la necesidad de pagar unas «asesorías» para asegurar la adjudicación del millonario contrato. (Ver: Juez declaró improcedente la solicitud de suspender la personería jurídica a Typsa)
Para la Fiscalía, esas «asesorías» eran las coimas que exigía Orlando Arciniegas para repartir entre los funcionarios de la Alcaldía de Ibagué y sus testaferros. (Ver: Mestre habría recibido una coima de $450 millones por favorecer a Typsa)
Los directivos de Typsa que aparecen en los correos son: José Luis Arévalo Segovia, director general Adjunto de Exterior; Salvador Fernández Fenollera, director de la división de Arquitectura y Desarrollo Urbano, y Manuel Bernabé Martín, un veterano arquitecto vinculado al área de proyectos de la empresa española. Los tres están vinculados a esta multinacional desde hace más de 14 años. (Ver: Arciniegas confesó haberle entregado $300 millones Carlos Heberto Ángel)
Lo que dicen los correos
El primer correo mencionado en la sentencia de Arciniegas aparece fechado el 9 de noviembre de 2013, tres días antes de la adjudicación del polémico contrato, Luis Rodrigo Uribe les planea a sus jefes en España cómo sería el negocio.
«Luis Rodrigo Uribe indica a Martin Manuel Bernabé, Salvador Fernández Fellonera y José Luis Arévalo Segovia que han sido los únicos (Typsa) que se han presentado al proceso de Ibagué y eso aumenta sus posibilidades en un 95 %. Refiere que les dan un anticipo de 3.000 millones, del cual habrá que pagar una parte importante en «asesoría», pero que les queda un poco más de 400 mil euros para comenzar a trabajar«, dice la sentencia del Juez Primero Penal del Circuito Especializado.
En la segunda comunicación, el español José Luis Arévalo Segovia responde expresando su preocupación por el pago de la «asesoría» o coima en un solo contado, a través del anticipo que les haría el Imdri.
«Correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2013, donde José Luis Arévalo Segovia indica a Luis Rodrigo Uribe, Martin Manuel Bernabé y Salvador Fernández Fellonera, que está preocupado por el costo de las «asesorías» y es consciente que la consecución del contrato pasa por el pago de esas «asesorías», pero pasar de 3.000 millones a sólo 400 euros implica que pagan toda la «asesoría» con cargo al anticipo, lo que a su juicio no tiene sentido alguno. Considera que el pago de la «asesoría» debe ser escalonado en función de sus cobros», reza la sentencia.
El tercer correo lo envía Luis Rodrigo Uribe el día 14 de noviembre, un día después de la adjudicación del contrato a Typsa. «Luis Rodrigo Uribe informa a José Luis Areválo Segovia y Jorge Orlando Navarrete que la adjudicación fue por $11.500.000.000 IVA incluido, la «asesoría» son $1.776.000.000 y del anticipo 30 % menos retenciones, quedan $2.617.000.000«.
Y en el último mensaje, Luis Rodrigo Uribe le cuenta al español José Luis Arévalo Segovia un incidente que habría tenido Orlando Arciniegas con la constructora que le vendió el apartamento que compró con los dineros obtenidos ilícitamente y que puso a nombre de sus testaferros Ivanhoe Ocampo y su esposa Gloria Inés Martínez. (Ver: La dama de la sociedad ibaguereña señalada de ocultarle dineros ilícitos a Orlando Arciniegas)
«Correo electrónico del 12 de febrero de 2016 de Luis Uribe para José Luis Arévalo en el que menciona que el colega (posiblemente Arciniegas) llegó muy preocupado a la reunión que tenían con Amaury (Elías Blanquicet), contando que él había ido a la constructora para que su nombre no figurara en el expediente del apartamento. Él lo había separado para Ivanhoe, o sea que sí querrían encontrar un nexo entre nosotros (Typsa) y el colega. Que cuando el colega estaba hablando con el abogado de la constructora, llegó la «fisca» y le tocó salir por las escaleras del edificio«, revela el juez.
Dos españoles con millonarios sueldos
Dos de los españoles mencionados en estos correos también aparecieron en el listado de profesionales que supuestamente trabajaron en la elaboración de los estudios y diseños de los escenarios de Ibagué, según lo reveló Eduardo Bejarano, en la columna titulada: Así inflaron el contrato de Typsa, publicada el 6 de abril de 2016.
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«El mayor beneficiario de los recursos de los ibaguereños fue el señor José Luis Arévalo Segovia, gerente del proyecto, que según el mencionado contrato 237 de 2013 tenía una asignación mensual de $22 millones de pesos, que al final del mes llegaba a la sorprendente suma de $57.2 millones de pesos mensuales. Pues resulta que el señor Arévalo probablemente nunca vino a comer lechona ni tamales, ni mucho menos a jugar golf con Luis H., pues al igual que otras 27 personas fueron contratadas en España y realizaron sus actividades desde dicho país», decía el columnista de ELOLFATO.COM.
En los soportes dados a conocer por Bejarano también aparece Manuel Bernabé Martín, como arquitecto de apoyo, con unos honorarios mensuales de $15.600.000. (Ver: Personal de Typsa vinculado al contrato de Ibagué)
En noviembre del año pasado, la Contraloría General de la República aseguró que muchos de esos profesionales no estuvieron dedicados exclusivamente al proyecto de Ibagué, como se pactó en el contrato. (Ver: Se conocen nuevos detalles del ‘conejo de Typsa’ a Ibagué, según la Contraloría)
«Dicho personal no fue vinculado para laborar en el proyecto relacionado con el contrato 237 de 2013 ya que estaban contratados para realizar actividades en otros proyectos diferentes al mencionado (…) la mayoría del personal relacionado en la propuesta nunca fue contratado y menos con carácter exclusivo al proyecto referido», señaló la Contraloría.
Pese a todo este escándalo y las abundantes pruebas que hay en contra de la multinacional Typsa, no existe hasta el momento ninguna decisión judicial o administrativa que impida que sigan contratando en Colombia.
Por el contrario, el mismo Estado colombiano sigue adjudicándole millonarios contratos a la compañía española.
En agosto de 2016, el Ministerio de Educación decidió hacer caso omiso a las quejas de los ibaguereños y le entregó un contrato a Typsa, por $51.500 millones, para realizar la interventoría de la construcción de aulas escolares en varias regiones del país, entre ellas Ibagué. (Ver: El colmo: Typsa vuelve a Ibagué)
La Alcaldía de Ibagué ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que suspenda la personería jurídica a Typsa pero esa solicitud no ha prosperado.
El pasado mes de febrero, el Juzgado Octavo Municipal con función de garantías de Ibagué consideró improcedente la solicitud que hizo la Alcaldía de Ibagué y el Imdri de suspender la personería jurídica a la compañía española Typsa, porque una sentencia de la Corte Constitucional estableció que las víctimas solo podrían hacer esa petición hasta tanto la Fiscalía General de la Nación impute cargos en contra de los directivos implicados en las conductas ilícitas.
