Los opositores a la consulta popular minera están encontrando todo tipo de argumentos jurídicos y económicos para ir en contra de dicha iniciativa. La Asociación Nacional de Industriales, Andi, se manifestó recientemente en contra de la posibilidad de que en Ibagué se realice una propuesta democrática que impida la exploración minera contaminante. Según la agremiación, la decisión de permitir o prohibir la minería no es exclusiva del ámbito municipal.
Es importante anotar que la multinacional AngloGold Ashanti está afiliada a la Andi en el Tolima y hace parte de la junta directiva de esta agremiación.
Mediante un comunicado de prensa, la Andi manifestó su preocupación por la posibilidad de que se realice una consulta popular minera en la capital del Tolima. Uno de los puntos esbozados por dicho gremio es que «la minería que actúa de acuerdo con los fines y límites establecidos por las leyes y autoridades pertinentes, en particular, las ambientales, es fuente de progreso económico y de bienestar social«.
Asimismo, la Andi dice que confía en que la decisión que se tome en el Tribunal Administrativo del Tolima con respecto a la consulta popular minera cuente con todo el rigor jurídico, la transparencia e independencia debidas. (Ver: “Estaría comprometida la transparencia ética del magistrado Beltrán y el alcalde Jaramillo”: Procurador Ambiental)
De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales, la extracción de materias primas para la producción de bienes que son indispensables para la construcción debe ser respetada, puesto que hace parte de la cadena minera.
«La minería comprende múltiples actividades económicas de diferentes niveles y complejidades, todas las cuales son fuente de progreso económico y social«, dice el comunicado enviado por la agremiación.
De la misma manera, la Andi insiste en que muchos de los negocios y empleos que se generan en la cadena de producción de la minería en Ibagué son locales y, por lo tanto, aumentarían los índices de desocupación en la capital del Tolima si se prohíben las actividades mineras. En otras palabras, esbozan el mismo argumento que la multinacional AngloGold Ashanti y los opositores más férreos de la consulta, como el Procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso.
«La utilización de los recursos naturales, en armonía con el respeto al ambiente de manera sostenida y responsable, permite el aprovechamiento de tales bienes para transformarlos en mayores beneficios colectivos«, señala el comunicado.
Lo cierto es que los empresarios temen que, debido a la prohibición de las actividades mineras contaminantes, haya un impacto directo en las rentas provenientes de tributos, según el gremio, destinados para «atender las necesidades básicas insatisfechas de la población y para realizar la infraestructura requerida para el progreso».
Así pues, la Asociación es enfática al abogar por la posibilidad de que la multinacional minera AngloGold Ashanti desarrolle actividades de exploración y explotación en La Colosa, todo ello debido al impacto que tendría para los empresarios de la región.