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Infibagué ordenó desmontar una red de alumbrado público pirata que se encontraba instalada en la finca Pontevedra ubicada en la vereda La Montaña, corregimiento El Totumo. El predio pertenece a Lucy Salazar López, exsecretaria Administrativa durante el gobierno de Jorge Tulio Rodríguez y esposa del abogado Germán Barberi, uno de los más fieles defensores del exalcade Luis H. Rodríguez.
La denuncia fue interpuesta por Rodolfo Cabrera Peña, un exfuncionario de Infibagué que estuvo vinculado nueve años con dicha entidad. El pasado 28 de agosto de 2015, Cabrera dio a conocer mediante una carta dirigida a la Dirección de Control Interno de Infibagué que se estaba realizando el traslado de redes de alumbrado público a los predios del abogado Germán Barberi Perdomo, amigo de los llamados ‘trillizos’ que durante la pasada campaña apoyó al candidato Jhon Esper Toledo y líderó una campaña de desprestigio en las redes sociales en contra del actual alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Según dio a conocer el periódico El Nuevo Día, Cabrera denunció que «en meses anteriores, por orden del coordinador Elkin Monroy Díaz, fuimos enviadas varias cuadrillas a la finca del abogado Germán Barberi Perdomo a instalar cuatro postes en concreto de ocho metros, lámparas y cable trenzado, por lo cual tengo entendido que estos recursos no son para la propiedad privada”.
Cabrera Peña, quien se desempeñó como liniero supernumerario, afirmó que hasta ahora dio a conocer la situación de ilegalidad porque temía perder su trabajo e incluso su vida.
Los responsables en Infibagué
Rodolfo Cabrera Peña le dijo a El Nuevo Día que una vez tuvo escrita la denuncia, esta «fue trasladada por Claudia Guerrero, jefe de Control Interno, con copia adjunta al gerente en ese momento, Jairo Robayo, quien según su relato, rompió la copia y al parecer, lo persuadió de no remitir ante la Fiscalía los hechos ya relatados».
Asimismo, Cabrera Peña señaló que Juan Carlos Guzmán, secretario General, además de ser el encargado de entregar las órdenes para ejecutar los trabajos en los predios de Salazar López en El Totumo, también fue alumno y trabajó con Barberi en su oficina de abogados antes de ingresar a Infibagué. Del mismo modo, el denunciante dice que el jefe de Alumbrado Público, Luis Enrique Ascencio Camacho, era quien finalmente autorizaba la salida del material.
No obstante, cuando el ingeniero Ascencio se percató de la denuncia presentada por Cabrera Peña, envió personal al lugar para determinar lo que estaba pasando.
“Cuando escucharon el alboroto porque se filtró la información ‘volaron’ a pintar los postes. Después volvieron a mandar cuadrillas de Infibagué a sacar la postería y llevarla a otro sitio. Estos estaban sin marcar, pero sí decían Infibagué, por eso fue que los pintaron, pero los sacaron de ahí y los trasladaron a otra vereda pero de El Totumo. Están en la parte exterior, en la carretera”, afirmó Cabrera en diálogo con El Nuevo Día.
Al ser consultado, Guzmán puntualizó que ni Germán Barberi ni Lucy Salazar han sido condenados penalmente o tienen algún tipo de inhabilidad, por lo cual considera legítimo el trato que desde la secretaría General se tuvo con los propietarios de la finca Pontevedra.
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Por su parte, Jairo Robayo, jefe de Control Interno, aseguró que en su momento sí se desplazó personal de Infibagué a la zona, pero no al predio de Salazar: «Sí es cierto que estaban en La Montaña, pero estaban en espacio público, porque allá hay un PQR y allá se mandó la cuadrilla a atender el sector y no la finca del doctor; estaban arreglando el alumbrado público del sector, poniendo un transformador atendiendo una PQR que llegó acá”.
Amenazas a periodistas
Lo cierto es que a partir de las denuncias y las pruebas aportadas por Cabrera Peña, Lucy Salazar no dudó en negar que en su propiedad se encuentra una red ilegal de alumbrado público dispuesta de manera dolosa por funcionarios de Infibagué cercanos a su esposo, Germán Barberi.
De tal forma, Salazar indicó a El Nuevo Día que tiene «un contrato con un ingeniero que me hizo esa instalación allá, de manera que si una autoridad judicial me cita a mí, presento mis documentos; mientras tanto, no presento nada y no autorizo a mis empleados a absolutamente nada y les ruego el favor de que los dejen tranquilos y los dejen trabajar en paz”.
Asimismo, Salazar López afirmó que denunciaría a los periodistas que adelantan la investigación por los delitos de «tentativa de extorsión, chantaje y soborno, puesto que según Salazar López, se habría ofrecido dinero al administrador para que los dejara tomar unas fotografías y que si no los dejaba entrar iba a perjudicar a sus patrones», asegura El Nuevo Día en su informe.
Finalmente, ELOLFATO.COM intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el abogado Germán Barberi Perdomo, pero el implicado siempre rechazo las llamadas hechas por esta redacción.
