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El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia presentaron ante el Ministerio de Hacienda un proyecto que busca que la Rama Judicial capte algunos de los recursos que se espera obtener a partir de la reforma tributaria que hace trámite en el Congreso de la República.
La iniciativa se propone aumentar los ingresos obtenidos por aportes de servicios notariales, los provenientes de las operaciones de remate y crear una contribución especial para laudos arbitrales y sentencias de contenido económico, entre otras medidas tendientes a robustecer las fuentes de financiación de la justicia.
Como primera medida, se espera aumentar del 10 al 15 % el aporte obtenido a partir de los ingresos brutos que reciben las notarías, cuyo destinatario, según la Ley, es la administración de Justicia.
También se espera que la contribución especial calculada a partir de los gastos de funcionamiento de los tribunales arbitrales ya no solo cobije como aportantes a los árbitros sino que incluya a los secretarios de los ya reseñados tribunales.
Frente a la actividad arbitral, el Consejo de Estado y la Corte Suprema también proponen establecer una contribución especial equivalente al 4 % del valor de los laudos arbitrales o las sentencias condenatorias en procesos de contenido económico, en reemplazo del arancel judicial que, según cálculos, no ofreció los rendimientos ni impacto esperados.
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Adicionalmente, se sugiere aumentar del 5 al 7 % el gravamen previsto por la Ley para operaciones de remate y se pide que la administración de justicia también sea adjudicataria de la contribución del 5 % que se le impone a quienes celebren contratos con entidades estatales. La intención es que esos recursos ya no solo financien el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sino que la mitad de ellos sean invertidos en la justicia y que sean administrados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Para el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, el captar estos recursos encuentra una sobrada justificación en el rezago presupuestal que comenzó a gestarse en la Rama a partir del 2004, fruto de la diferencia entre las necesidades previstas por el poder jurisdiccional y la asignación de los dineros, que ha llegado a ser del 85 % en materia de inversión y del 35 % en funcionamiento.
La propuesta de estas dos corporaciones judiciales, que ya está en manos del Ministerio de Hacienda, recibió el respaldo de presidentes de los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de todo el país, quienes, reunidos este viernes en Bogotá, firmaron una carta por medio de la cual se suman al proyecto.
