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La administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo resultó intolerante a las críticas de los medios de comunicación que se atreven a cuestionar las irregularidades cometidas por los integrantes del gabinete municipal.
La jefe de la Oficina Jurídica de Ibagué, Gladys Gutiérrez, envió una comunicación a ELOLFATO.COM en la que se declaró inconforme con las publicaciones hechas por este medio de comunicación, respecto a los recursos adicionales, por el orden de los $25 millones, que obtuvo la exsecretaria de Educación Flor Alba Vargas debido a que se posesionó en el cargo y, al mismo tiempo, siguió recibiendo las dos mesadas que le paga el Estado por su condición de pensionada.
Recordemos que la señora Vargas renunció al inicio del mes de julio, tras enterarse -seis meses después de posesionada- de que la ley señala: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un cargo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado”. Ante ese panorama, la exfuncionaria devolvió los $25 millones y optó por apartarse del cargo.
En ese momento, este medio de comunicación consultó a varios abogados expertos de la ciudad y todos coincidieron en que la Alcaldía de Ibagué falló en sus controles, no solo por parte de la oficina Jurídica, sino también de la Secretaría Administrativa, al permitir que la exsecretaria de Educación recibiera su salario y sus dos pensiones, durante el primer semestre del año, violando abiertamente la ley.
Según los mismos expertos, la exfuncionaria debió informarle a los fondos pensionales que se había reincorporado al servicio público para que le suspendieran sus mesadas y, de esa forma, pudiera devengar su salario como secretaria de Educación sin ningún problema. Pero, al parecer, no lo hicieron y tampoco la Alcaldía de Ibagué se preocupó por proteger los recursos del Estado. Lo dejaron así, en el aire.
El pasado 16 de julio, se publicó un artículo titulado «Así se ‘lavan las manos’ en la Alcaldía de Ibagué por el nombramiento de la exsecretaria de Educación«, en el que contamos que la jefe de la Oficina Jurídica, Gladys Gutiérrez, aseguró que la dirección del Grupo de Gestión del Talento Humano era la división encargada de revisar los documentos de los funcionarios que iban a ser nombrados. (Ver documento)
«Advierte la Oficina Jurídica que la condición de pensionada de la doctora Flor Alba Vargas debió haber sido motivo de consulta a esta oficina y dado que no se realizó la misma, sino que se recurrió según informaciones de prensa a consultar a las entidades encargadas de su pensión, debió la exfuncionaria haberse abstenido de aceptar el cargo, máxime cuando en el acto de posesión se debe manifestar bajo la gravedad de juramento no estar inmerso en inhabilidad e incompatibilidad alguna», manifestó Gutiérrez.
La respuesta de la señora Gutiérrez evidencia que en la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo nadie asume responsabilidades, sino que los integrantes de gabinete se acusan mutuamente por las faltas u omisiones que revelan los medios de comunicación.
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Fue por esta razón, que la nota se tituló de esa manera. Pero la jefe de la Oficina Jurídica considera que ese titular fue «displicente e irrespetuoso».
Y añadió que no hubo irregularidades en el nombramiento de la exsecretaria de Educación y «adicionalmente, les reitero que no existe ‘lío jurídico’ como ustedes lo han AFIRMADO (sic)«.
Entonces, si todo estaba bien: ¿Por qué la exfuncionaria debió reintegrarle al Estado $25 millones? Y ¿por qué tuvo que renunciar al cargo?
Cabe recordar que fue este portal el primer medio de comunicación en dar a conocer las razones, hasta ese momento ocultas, por las cuales se dio la repentina renuncia de Flor Alba Vargas. La Alcaldía de Ibagué sólo comunicó del cambio en esa dependencia, pero no reveló por qué salió la exfuncionaria, como se evidencia en el comunicado de prensa: (Ver: Tatiana Aguilar designada Secretaria de Educación encargada)
De todas maneras, ELOLFATO.COM presentó una queja ante la Procuraduría Provincial de Ibagué para que investigue la actuación de las señoras Gutiérrez y Vargas, y de todos los funcionarios responsables de la posesión de la exsecretaria de Educación de Ibagué.
