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El secretario de Hacienda Municipal, Juan Espinosa, dijo que la acción popular que interpuso el abogado Wilson Leal para suspender el cobro del impuesto predial a los 200.448 predios que hay en Ibagué, busca confundir a los contribuyentes y causarle daño a la ciudad.
En el documento que presentó el jurista ante el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué se argumentó que el Acuerdo 027 de 2018, a través del cual se establecieron los ‘estímulos tributarios’ que fijó la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para la vigencia 2019, tiene dos presuntas irregularidades.
La primera de ellas es que a ningún contribuyente le pueden cobrar impuestos “indeterminados”, tal y como quedó planteado en el Acuerdo. (Ver: Juzgado estudia solicitud de suspensión del pago del impuesto predial en Ibagué)
“La Secretaría de Hacienda y el Concejo redactaron dicha norma y otorgaron unos ‘estímulos’ en el impuesto predial de este año, a través de unos porcentajes, según cada estrato socioeconómico. Por ejemplo, a las familias de estrato uno, dice el Acuerdo, se le podía subir este año -hasta- el 15 %. A los de estrato dos le podían subir -hasta- el 20 %. Y así sucesivamente hasta llegar al 50 %. Y este año, cuando llegaron las facturas, vimos que la Administración aplicó una fórmula mágica e impuso el porcentaje más alto en cada caso”, explicó el demandante.
La segunda inconsistencia detectada por Leal es que la Alcaldía y el Concejo habrían omitido el cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, que establece un límite en el reajuste de las facturas del impuesto predial cuando en una ciudad realiza una actualización catastral, como ocurrió en Ibagué el año pasado.
Sobre esto, el funcionario dijo que los argumentos jurídicos que expuso Leal son errados, pues la Ley 1450 de 2011 le pone límite es al crecimiento del impuesto predial, después de haber hecho un aumento de tarifa.
«Esa Ley dice que en un año se sube el 2% la tarifa existente, el otro el 3% y el otro el 4%, pero como fruto de esta subida de la tarifa del impuesto, no es procedente que el impuesto que paguen los contribuyentes sea mayor al 25% de lo que pagaron en la vigencia anterior», aseguró Espinosa.
«Además, en el mismo parágrafo aclara que cuando los predios han sufrido modificaciones físicas, legales, económicas, no aplica el tope del 25%. La ley que cita esta demanda tiene que ver es con los aumentos que hacen los alcaldes de las tarifas del impuesto predial, pero los aumentos de los que habla el acuerdo municipal es del incremento del predial como fruto de una actualización catastral», agregó.
De esta manera, manifestó que el Acuerdo 027 de 2018 ya es legal y está en plena vigencia, razón por la que «a estas alturas del partido no es menester cuestionar su contenido, aunque jurídicamente sea válido».
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«Los recursos que nos da el impuesto predial son los recursos más importantes para reinvertir en la ciudad. Hay personas que están interesadas en que los acuerdos que conceden beneficios tributarios no sean aplicados, pero los vamos a seguir aplicando porque tenemos la certeza jurídica», acotó Espinosa.
«Los elementos que yo leí en los medios de comunicación realmente están por fuera del contexto jurídico en el que se produjo el acuerdo municipal de octubre de 2018», añadió.
Entre tanto, señaló que espera que la demanda no cumpla su cometido, pues esto le haría un daño significativo al bolsillo de los contribuyentes, quienes por esperar un resultado de la acción popular, pueden dejar de acogerse a los descuentos que tiene la Alcaldía para este impuesto.
«Esperamos que esta demanda realmente no cumpla su cometido, con relación a que logre la suspensión o nulidad de un acuerdo municipal, que tiene plena vigencia jurídica; y que esta denuncia no le cause ningún perjuicio económico al Municipio en la medida en que cree incertidumbre y la gente no se acoja al 15 % de descuento esperando el resultado de una demanda que muy seguramente no va a prosperar», concluyó el funcionario.
Cabe recordar que la determinación del juez tendría un alto interés en la ciudadanía debido a que, según las estadísticas de la Alcaldía de Ibagué, un poco más del 76 % de los contribuyentes no ha pagado todavía el predial de este año.
