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La administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo sigue recurriendo a los polémicos convenios a dedo para entregar importantes sumas de dinero a fundaciones y entidades -públicas y privadas-, sin tener que realizar procesos de selección objetivos y transparentes, como lo exige la ley 80 o de contratación estatal.
EL OLFATO conoció un contrato que celebraron la Alcaldía de Ibagué y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el pasado 9 de noviembre, por $400 millones, para que esta institución pública de Bogotá asesore a un grupo de personas con discapacidad, otras pertenecientes a la comunidad LGTBI y unas más de escasos recursos económicos en el montaje de 240 proyectos productivos.
La Universidad Distrital recibirá pagos mensuales de $100 millones, durante los cuatro meses de ejecución del convenio, por enviar a Ibagué dos ingenieros industriales, dos economistas, un analista de mercado, un coordinador de proyectos y un par de sociólogos. Estos profesionales tendrán que evaluar y viabilizar los pequeños negocios que podrían montar esos grupos vulnerables.
Contrato direccionado
Resulta llamativo que la Alcaldía de Ibagué decidiera entregarle a una universidad de Bogotá $400 millones por una asesoría que podrían haber prestado las instituciones de educación superior de la capital del Tolima o las cajas de compensación familiar de la región que ofrecen este tipo de cursos, y cuentan también con el personal idóneo y las instalaciones para realizar este tipo de capacitaciones.
Sobre este punto, la secretaria de Bienestar Social, Jennifer Parra, responsable del contrato, dijo que la Alcaldía de Ibagué les pidió a las universidades de la ciudad que presentaran sus propuestas para participar en este proceso, pero que las tarifas de los centros educativos locales eran más altas que la presentada por la Universidad Distrital.
Sin embargo, EL OLFATO consultó con la Universidad del Tolima y en la Universidad de Ibagué si la administración municipal les había hecho alguna invitación para participar en este convenio, pero en las dos instituciones respondieron que nunca les pidieron que hicieran una propuesta.
Y al revisar el portal de contratación del Estado (Secop) tampoco se encontraron las supuestas invitaciones hechas por la Alcaldía de Ibagué. Es más, el contrato, los estudios previos y certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) se colgaron el día 14 de noviembre, a las 4:50 de la tarde, cinco días después de firmado el contrato con la Universidad Distrital.
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“Si a ninguna universidad de Ibagué le llegó la invitación y en el Secop colgaron todo después de adjudicado, esto no es otra cosa que un contrato amarrado que entregaron a dedo”, dijo una abogada experta en contratación pública, cercana a la Alcaldía de Ibagué, que pidió no ser identificada.
En los estudios previos publicados en el Secop no hay ninguna referencia puntual sobre las propuestas que supuestamente presentaron las universidades locales, tampoco precisaron cuáles fueron las instituciones interesadas ni mucho menos revelaron los valores de sus ofertas. Lo único que dicen es que la cotización de la Universidad Distrital era “inferior”.
“Desde el análisis del estudio del sector, se puede evidenciar que el sector público, es decir, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas resulta más favorable para la administración municipal, en consideración a que el valor de su oferta es inferior al del mercado, la experiencia de la Universidad atiende asuntos pedagógicos de mayor calidad y respaldo y la idoneidad se ve respaldada por una institución que actualmente opera en asuntos similares”, sostiene el documento.
Este medio de comunicación supo que el convenio con la Universidad Distrital fue denunciado ante la dirección de Control Interno de la Alcaldía de Ibagué y no se descarta que sea remitido también a la Fiscalía General de la Nación.
