Como estaba previsto, Coldeportes mediante un comunicado difundido el viernes en la tarde, confirmó la decisión que desde este mismo espacio de opinión se le había advertido al actual Alcalde de Ibagué, no en una, sino en varias ocasiones: exigir judicialmente mediante acciones contractuales la devolución de los dineros resultantes de liquidar los convenios celebrados con el Municipio para la construcción de obras y de remodelación de los escenarios que servirían de sede a los XXV Juegos Deportivos Nacionales, junto al valor de las multas, perjuicios, rendimientos financieros y cobro de las pólizas de garantía, que debió haber hecho exigible la Administración Municipal a los contratistas constructores e interventores.
Una decisión de la actual dirección nombrada por el presidente Duque, acorde con lo hecho por el señor Andrés Botero – quien antes de retirarse de Coldeportes presentó Acción Popular contra el Municipio de Ibagué (18 de diciembre de 2015) exigiendo las mismas pretensiones bajo la premisa que el Municipio había incurrido en “un evidente incumplimiento de sus deberes”, la “vulneración del patrimonio público”, “la moralidad Administrativa y la confianza legítima de los ciudadanos.”
Aunque la acción popular se le notificó al Municipio y de su contenido se debió haber deducido la posición de “Pilato” adoptada por Botero, el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo siguió con una actitud jurídica pusilánime no solo contra los contratistas, sino con Coldeportes, confiado (?) en que se mantuvieran vigentes los convenios que estaban vencidos y judicialmente ya estaban en tránsito de liquidación.
Luego, el panorama actual no puede ser más desalentador para los ibaguereños. Porque la carga de responsabilidad económica ya se sabe está siendo asumida por los más de 500 mil habitantes de este terruño, y porque las acciones fiscales, disciplinarias y penales contra los verdaderos cerebros del concierto para delinquir en el que están involucrados más de 40 servidores públicos y particulares, se hayan estancadas.
Todo, con un perfecto manejo político del poder, en donde no solo Ibagué ha sido afectado, sino además los municipios de Chaparral, Prado, Melgar y Líbano, en los que la Contraloría General de la República ya ha formulado cargos contra alcaldes y contratistas por actuaciones ilegales en los procesos de selección y ejecución de las obras, muy similares a los de Ibagué.
Luego el cuento que nos ha vendido la Fiscalía, algunos medios de comunicación nacional y regional y la Procuraduría General de la Nación – que solo ha sancionado a tres de los responsables – que el cerebro del desfalco que ha sufrido el Tolima es Orlando Arciniegas, es un grande embeleco que pretende distraer incautos, y a la par los beneficiarios directos y líderes de la organización siguen agazapados disfrutando y multiplicando el botín.
Y mientras el barco se hunde, deliberadamente nuestro alcalde sigue tocando violín.
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