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El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, pidió a los órganos de control del Tolima que investiguen las posibles irregularidades detectadas en el polémico alumbrado navideño de Ibagué, que tuvo un costo cercano a los $1.800 millones, e instó al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para que le cuente a la ciudadanía de dónde salió la familia bogotana que se quedó con los recursos públicos a través de sospechosos convenios de cooperación. (Ver: El contrato amarado del alumbrado navideño de Ibagué)
El alto funcionario se declaró «asombrado» por la forma cómo la Alcaldía e Infibagué diseñaron una estrategia para evadir cualquier mecanismo transparente de contratación y favorecer a la empresa Moriah Company y a la Fundación Camellando por Colombia, dos organizaciones, que funcionan en la misma sede en Bogotá, y cuyos representantes legales resultaron siendo un tío y un sobrino, como lo denunció ELOLFATO.COM el pasado 21 de diciembre. (Ver: El alumbrado navideño de Ibagué resultó ser un negocio de familia)
De entrada, Enciso advirtió que en este polémico proyecto pudo haberse configurado el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y, además, no dudó en señalar que abusaron del decreto 777 de 1992, que le permite a las entidades sin ánimo de lucro suscribir convenios de cooperación con las entidades oficiales. (Ver: Fiscalía abre investigación al polémico alumbrado navideño de Ibagué)
Sobre este último punto, puso como ejemplo el convenio suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Corporación Festival Folclórico, por $1.600 millones, el pasado 11 de noviembre. Para el zar anticorrupción el mismo documento oficial admite que el cooperante no tiene experiencia y que tiene que subcontratar con un tercero, en este caso, a la empresa Moriah Company. (Ver: El lado oscuro del alumbrado navideño de Ibagué)
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«Aquí realmente lo que estamos viendo es cómo la Corporación Festival Folclórico tuvo que subcontratar, prácticamente la totalidad de su obligación principal, con Moriah Company, que al final, resultó emparentada con la Fundación Camellando por Colombia», afirmó el funcionario.
Finalmente, sobre el parentesco que tienen los representantes legales de las dos entidades, el Secretario de Transparencia dijo que es el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo quien debe desenredar esa «telaraña» de convenios y «poner a raya a sus colaboradores que hayan estado violando las normas de la contratación pública en Colombia«.
«Pienso que el Alcalde de Ibagué debería explicarle a la ciudadanía cómo llegó esa corporación, esa empresa y esa fundación a entrar en contacto con su administración; y con los funcionarios de su equipo de gobierno. Ahí tiene que haber claridad para que la gente entienda realmente cómo fueron seleccionados esos contratistas que hoy en día deben rendirle cuentas a la ciudad y también aclarar cualquier irregularidad ante la justicia», concluyó.
