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El alcalde de Cajarmaca, William Poveda, decretó la realización de la consulta popular minera para el próximo domingo 27 de noviembre, para que los habitantes de dicho municipio decidan si aprueban o no la realización de proyectos mineros que pongan en riesgo el medio ambiente y la vocación agrícola de la región, lo que podría traer enormes perjuicios al proyecto La Colosa, propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, de ganar el No en las urnas.
Pero la noticia no es la convocatoria a esta jornada democrática. Lo que ha causado revuelo en esta población es la fecha apresurada que escogió el mandatario Poveda, quien siempre ha manifestado su cercanía con la compañía sudafricana. El mandatario pretende que la Registraduría Nacional del Estado Civil monte la consulta en apenas seis días, algo imposible. (Ver: Vea el fallo que avaló la consulta minera de Cajamarca)
El decreto 083 del 21 de noviembre de 2016, firmado por el polémico alcalde, indica que: «La ley 1757 establece un término de tres (3) meses a partir del concepto previo expedido por la corporación pública, llegando al acuerdo de convocar para el 27 de noviembre de 2016, quedando a la espera de un concepto superior que nos permita dirimir la duda y posponer la fecha, con lo cual se daría plenas garantías a las partes intervinientes en la realización de la consulta«. (Ver decreto)
Según este plazo fijado por el mandatario cajamarcuno, no habría posibilidad ni de inscribir los comités promotores del Sí y del No ante la Registraduría y, de paso, impediría las jornadas pedagógicas que tendrían que hacer ambos sectores.
ELOLFATO.COM pudo establecer que el decreto también tomó por sorpresa a la propia Registraduría, entidad que manifestó que no es posible convocar a los ciudadanos a la iniciativa popular en menos de una semana porque no se alcanzaría a cumplir con la logística necesaria.
Asimismo, de acuerdo con el cronograma del órgano electoral, ese mismo día (27 de noviembre) se realizarán las elecciones atípicas de Alcaldía y Concejo del municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.
Lo cierto es que, con esta medida, el alcalde de Cajamarca demuestra nuevamente su desconocimiento con respecto a la administración pública. En varias ocasiones, Poveda dijo que los recursos para realizar la consulta minera saldrían del presupuesto del Municipio, lo cual iría en detrimento de la inversión social. Algo que es absolutamente falso. (Ver: La mentira del Alcalde de Cajamarca sobre los recursos de la consulta minera)
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La consulta minera de Cajamarca fue aprobada por el Concejo Municipal el pasado 30 de agosto y recibió el aval de constitucionalidad por parte del Tribunal Administrativo del Tolima el 9 de noviembre. (Ver: Atención: Concejo de Cajamarca aprobó la consulta popular minera)
«La medida favorece a AGA»
Según Camilo Andrés Padilla, presidente del Concejo de Cajamarca, esta decisión del alcalde William Poveda es un claro mensaje de oposición a la consulta minera, pues con el argumento de que cumple la ley está apresurando los tiempos y eso podría derivar en un alto porcentaje de abstencionismo. (Ver: Si AngloGold no presenta estudio ambiental se suspende proyecto La Colosa)
«Al alcalde Poveda lo que le interesa es oponerse a la consulta minera, y ya es bien sabida su cercanía con la multinacional AngloGold Ashanti. Desde el principio, el mandatario local ha expresado su oposición a la posibilidad de que el pueblo decida si quiere minería a gran escala o no. Ahora resulta que quiere apresurar la consulta y se excusa en el cumplimiento de la ley«, aseguró Padilla. (Ver: AngloGold Ashanti asegura que consulta minera de Cajamarca “no aplica” para ellos)
De acuerdo con Robinson Mejía, integrante del comité promotor de la consulta minera de Cajamarca, la decisión del alcalde Poveda solamente representa un beneficio para la empresa AngloGold Ashanti porque lo que provoca es que se dilate la fecha de la consulta. (Ver: La estrategia de AngloGold en contra de las consultas populares de Ibagué y Cajamarca)
«Una consulta no se puede hacer en una semana, y la Registraduría así nos lo ha dicho. Lo que ellos hábilmente están haciendo es vulnerar los derechos ciudadanos a la participación y al debido proceso. El Alcalde le está declarando la guerra a la consulta«, afirmó.
