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En un veloz proceso licitatorio, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, adjudicó el polémico contrato de gestión comercial a la firma Promesa de Sociedad Futura Proactiva Soluciones.
Esta compañía reemplaza al antiguo contratista Presea que se fue de Ibagué con 3.800 millones en sus cuentas y dejó al IBAL sometido en un grave atraso, según lo admitió el mismo secretario General de la empresa, Ricardo Arroyo.
La firma Promesa de Sociedad Futura Proactiva Soluciones, filial de Proactiva Medio Ambiente con sede en Madrid, será la responsable de: la lectura de medidores; análisis de consumos, liquidación y facturación del servicio de identificación; investigación, normalización, seguimiento y control de fraudes; distribución de las facturas, y recaudo, gestión de cobro, suspensiones y reconexiones del servicio de acueducto.
El negocio, del que no se sabe el monto exacto -porque se pagara por tareas cumplidas-, se les entregó a estos particulares por tres años, y dejaron comprometidos dos años del próximo gobierno.
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“Se estima que el contrato inicie la otra semana, una vez se ejecute todo el proceso de legalización”, indicó Arroyo.
Esta licitación, como la mayoría de contratos de esta administración, tuvo muchas sombras y cuestionamientos de tres oferentes y la misma Red de Veedurías del Tolima. Incluso, Milton Charry, de la firma Urbes, aseguró que se trataba de un “contrato chaleco”.
Ante tan grave acusación, el gerente del IBAL, Carlos José Corral, respondió: “No tenemos nada que decir y responderemos ante las autoridades competentes”.
Pero lamentablemente en Ibagué las autoridades competentes pocos resultados entregan, ha denunciado Irania Hernández, presidenta de la Red de Veedurías del Tolima.
“No sabemos nada del proceso que adelantó la Procuraduría Provincial de Ibagué por el contrato de Presea. Ya se fueron y ahora vienen con este otro contrato”, manifestó Hernández.
