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El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García, anunció que el Gobierno dará por terminado el contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario para la culminación de las obras del túnel de La Línea porque el consorcio no pudo cumplir con los plazos. Por esa razón, en los próximos días se abrirá una nueva licitación para determinar qué contratista deberá ejecutar el porcentaje restante de las obras.
La terminación del contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario, encabezada por el ingeniero Carlos Collins, se dio porque no pudo cumplir el compromiso que asumió hace un año de entregar las obras terminadas del túnel de La Línea. (Ver: Adjudican millonarios contratos para obras complementarias del Túnel de La Línea)
El nuevo proceso de licitación pública que iniciará en los próximos días busca que el nuevo contratista termine el 12 % que falta por ejecutar y que requerirá inversiones adicionales que rondarían los 200.000 millones.
Asimismo, García indicó que el Gobierno Nacional iniciará un proceso administrativo para determinar si hay que imponer multas o sanciones al concesionario por haber incumplido con el contrato, cuyo plazo máximo de ejecución era hasta el 30 de noviembre. (Ver: La entrega del túnel de La Línea se aplazaría para julio de 2017)
Por supuesto, cabe decir que el incumplimiento del contrato por parte del consorcio se veía venir desde hace meses, toda vez que la firma interventora ya había advertido que, de acuerdo con el porcentaje de ejecución, las obras del túnel de La Línea solo podrían estar listas hasta el año 2017.
El túnel de La Línea es un macroproyecto que involucra la construcción de un túnel de ocho kilómetros, 59 puentes o viaductos y 16 túneles menores que reducirán a la mitad el tiempo que tardará un vehículo en recorrer el tramo entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío).
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Este proyecto tenía un costo inicial de $629.000 millones, pero ocho años después de la adjudicación no se ha podido terminar por problemas de sobrecostos, fallas geológicas y ambientales.
Recordemos que el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el director de Invías habían manifestado que las obras serían entregadas este año, pero el contratista pidió prórrogas que obligaron al Gobierno Nacional a declarar la caducidad.
Ahora, tras la decisión del Gobierno Nacional, el Estado podría verse implicado en un millonario pleito, toda vez que el contratista podría exigir el pago de una indemnización aduciendo que los retrasos en las obras se presentaron debido al paro camionero que se presentó este año en el país.
