Desde cuando Guillermo Angulo Gómez fue ministro de Educación en el gobierno del presidente Julio César Turbay, entre 1980 y 1981, el Tolima no había tenido un ministro en esta cartera. A Angulo Gómez se le reconoce la diversificación de la educación secundaria, brindando la posibilidad de la doble formación: académica y técnica, fue el primer ministro que reconoció abiertamente los servicios que ha prestado la universidad privada a la nación y consideró la necesidad de otorgarle créditos especiales a éstas; por esa época se amplió la infraestructura de varias y durante ese periodo surgieron nuevas instituciones de educación superior, en el Tolima; Coruniversitaria de Ibagué (hoy Universidad de Ibagué), Coreducación de Honda, e ITFIP de El Espinal.
Treintaisiete años después, su hija, María Victoria Angulo ha sido designada ministra de Educación por el presidente electo Iván Duque Márquez. Ella fue directora de Fomento de la Educación Superior durante ocho años y Secretaria de Educación en el gobierno de Enrique Peñaloza durante dos años y medio, también ha estado vinculada al sector privado. Los retos que asume esta Ibaguereña son muchos, como quiera que Colombia ha establecido durante los últimos años como uno de los principales pilares para el desarrollo.
Cerrar las brechas y disminuir la desigualdad:
Un niño que nace en la pobreza tiene una expectativa de vida escolar de tan sólo seis años, mientras que para un niño rico la expectativa es de 12 años. De los primeros solamente el 9 % se matricula en educación superior y de los segundos el 53 %. A esta situación se le suma la baja calidad en educación entre instituciones oficiales y las no oficiales, lo que al final aumenta el retiro progresivo de muchos niños y jóvenes. En estas condiciones el talento joven se diluye, no se crean capacidades y las oportunidades se pierden.
Programas diseñados para incrementar la cobertura y permanencia no pasan por su mejor momento. Se mantiene la matricula gratuita desde transición hasta terminar la educación media, pero persisten los costos indirectos como el transporte y los útiles escolares. Y aunque las transferencias condicionadas siguen siendo un aporte significativo para las familias más pobres, la falta de recursos presupuestales para financiar el transporte escolar y la alimentación aumentan la deserción escolar y disminuye la calidad en los estudiantes.
La desigualdad es evidente entre las instituciones educativas, publicas y privadas, urbanas y rurales. En las zonas rurales los niños y jóvenes tienen menos acceso a oportunidades educativas y menos logros académicos que los de las zonas urbanas, la participación en educación es en promedio inferior en municipios rurales que en ciudades.
Garantizar financiamiento adecuado y efectivo:
La financiación publica de la educación y el gasto per cápita en nuestro país está por debajo de otros países emergentes de América Latina, y aunque la inversión en los últimos años ha incrementado, continuar aumentando los presupuestos, emplear fondos adicionales y mejorar la efectividad del uso delos recursos, es fundamental para alcanzar las metas educativas.
Financiar más matriculas en los niveles de preescolar y primaria es uno de los principales retos del próximo gobierno, situación compleja como quiera que la macroeconomía no es la mejor.
El próximo gobierno necesitará medidas adicionales para ampliar la base de financiación para la educación, el reto estructural es aumentar los ingresos tributarios nacionales si se quiere mejorar la prestación del servicio educativo.
De otro lado, el informe de la OCDE en 2017 planteó la necesidad de utilizar recursos locales y estimular alianzas público – privado para estimular mayores inversiones locales. El sistema de financiamiento depende de los impuestos nacionales, los cuales son distribuidos mediante el Sistema General de Participaciones (SGP). La participación del SGP ha disminuido desde el 2002 a la fecha del 80 % al 60 % y la financiación local de entidades territoriales solamente ha aumentado del 8 % al 13 %.
Es importante resaltar que el incremento de la financiación para la educación será eficiente solamente si los recursos son asignados efectivamente.
Retos a nivel Local:
Apoyar a los gobiernos municipales a que aumenten la capacidad de mejorar el aprendizaje en escuelas y colegios es uno de los retos más importantes en el esquema de descentralización colombiano. Un justo reclamo de los gobiernos locales y departamentales es que sus secretarias de educación dejen el limitante rol de ejecutores de políticas diseñadas en Bogotá que desconocen muchas realidades locales y que se les permita participar en sus diseños.
Una tarea en la que se han concentrado los gobiernos locales es la de implementar la jornada única, aquí hay muchos retos, sin embargo, el decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017 recortó las horas diarias a cinco para preescolar, seis para básica primaria, y siete horas para básica secundaria y media académica; lo que reconfigura la idea inicial de actividades complementarias, descanso pedagógico y alimentación escolar. Fecode planteó que este recorte atenta contra la calidad educativa vía gubernamental. Con relación al programa de alimentación escolar PAE, el gran reto es dejar de verlo como un negocio que opera según la lógica de costos y entenderlo como la posibilidad de nutrición para millones de niños que cuesta.
Los retos en la educación rural giran entorno a la necesidad de formar los nuevos docentes rurales en modelos flexibles con pedagogías de multigrado, fortaleciendo el programa todos a aprender (PTA), ampliando la cobertura a todos los colegios departamentales. El bilingüismo y la conectividad TIC es sin lugar a dudas los factores más importantes en términos de competitividad territorial sobre los que hay que invertir.
Educación Superior:
El sistema de educación superior es muy heterogéneo, existen universidades muy fuertes y otras muy débiles, la desigualdad es notoria. La reforma a la Ley 30 de 1992 se sepultó, nadie volvió a hablar de ella. Un reto para el MEN es proponer una ley estatutaria que reestructure el sistema de financiación, en particular de las transferencias, que permita ampliar la cobertura con calidad.
Para el Tolima, desde el MEN, se requiere el acompañamiento para la acreditación institucional de la Universidad del Tolima – UT, planteada para el 2023 y la implementación de la reestructuración administrativa ya aprobada.
En cuanto al sistema de educación terciaria del departamento, el reto es apoyar el financiamiento de infraestructura para las instituciones de educación superior y universidades de carácter privado, además, reconocer el carácter regional de éstas que las hacen diferentes a las universidades de Bogotá.
