El ánimo de lucro de la multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. (AGA) no se detiene, y para ello cuenta con la ‘locomotora Minera’ del presidente Juan Manuel Santos, encargada de limpiar de obstáculos que impidan el desarrollo de este sector, así sea a costa de atentar contra los recursos naturales como el agua y la vida misma.
No en vano, en la ley 1753 de 2015 que acoge el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional “Todos por un nuevo país”, se establece en su artículo 51 que: “La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tramitará de manera integral y exclusiva los permisos y licencias ambientales requeridos en la ejecución de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE)…” En tal sentido, se publica el decreto 2220 de 2015, que reglamenta esta ley, y se autoriza que las licencias, obras y actividades que se encuentren en poder de las Corporaciones Autónomas Regionales, “(…) podrán iniciarlos nuevamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-“.
Esta medida en plata blanca, significa quitarle la autonomía a las CAR sobre estos proyectos y dejarlos en manos exclusivas del Gobierno Nacional. Así las cosas, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), pierde toda facultad como autoridad ambiental, para definir situaciones de vital importancia para el futuro de Ibagué y el Tolima, como es el megaproyecto minero La Colosa, a todas luces atentatorio contra el recurso hídrico y el ecosistema en general de esta región del país.
Ante esta terrible situación planteada, donde está en juego la vida de miles de ibaguereños y tolimenses, no queda otra alternativa que invocar la conciencia de todos los ciudadanos de bien a participar activamente en las luchas que se vendrán en defensa de las zonas de páramos y de reserva forestal, sin importar color político, creencia religiosa, estrato social o asuntos de raza.
Tenemos el ejemplo de los santandereanos que se unieron para salvar las zonas de páramos de reserva forestal de Santurbán , y que lograron impedir que los intereses mineros les arrebataran el derecho fundamental a la vida envenenando sus aguas. Hoy, los habitantes de Bucaramanga, tienen asegurado el vital líquido por más de 50 años, gracias a la unión de su pueblo que se movilizó y obligó al Gobierno Nacional a retroceder en su intento de satisfacer las protecciones de los megamineros.
Frente amplio de masas y movilización
Por fortuna los ibaguereños tenemos un alcalde electo como Guillermo Alfonso Jaramillo, comprometido con la defensa y protección de los recursos naturales, que basó su programa de gobierno precisamente en el recurso hídrico.
Seguramente el nuevo mandatario local, el director general de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, los movimientos ambientalistas, partidos políticos, el movimiento estudiantil, organizaciones sociales, gremios, empresarios conscientes y responsables con los recursos naturales, tendrán que formar un frente amplio y movilizarse en defensa del agua que vale mucho más que el oro que se busca.
La cantidad de millones en dólares que se juegan en este proyecto de megaminería de La Colosa es colosal. El diario El Espectador, reveló el 2 de enero de 2014, que un estudio liderado por el ingeniero químico de la Universidad Nacional Alejo Pulido, cataloga este proyecto como uno de los 10 más grandes del mundo “(…) al pretender explotar una reserva de oro que se acerca a los 35 millones de onzas (calculadas en unos 60.000 millones de dólares)”. Y agrega que “Anglo Gold Asahanti aún cuenta con títulos mineros en áreas que se sobreponen al sistema de páramos Los Nevados”.
También será colosal el daño ecológico
Para ilustrar brevemente a nuestros lectores, les diremos que según los estudiosos y expertos en temas ambientales de todas las tendencias y posiciones políticas e ideológicas, coinciden en afirmar que la minería a cielo abierto y de gran escala, como es el proyecto de La Colosa, es una de las actividades que más daño le causa al medio natural que pueden durar miles de años en su reparación que genera los más grandes impactos a los ecosistemas estratégicos.
Baste decir que para extraer un (1) gramo de oro, se tiene que remover una tonelada de tierra y roca y gastar miles de litros de agua en su lavado, donde se utilizará cianuro, un veneno letal y altamente perjudicial para la salud. Se calcula que diariamente AGA, removerá entre 50-80 mil toneladas de tierra y roca, lo que cambiará totalmente el paisaje y el entorno en el término de los 30 años que durara el proyecto de La Colosa. Además de acabar con zonas de páramos, de reserva forestal, 161 nacederos de agua, fauna, flora y la vida biológica de la región.
Los daños colaterales de este proyecto con la utilización de cianuro y demás químicos que se emplean en el proceso de la explotación del oro, pueden contaminar los ríos Bermellón y Coello, que se cuentan como fuentes alternas para el acueducto complementario de Ibagué, afectar el sistema de riego de Usocoello que irriga 26 mil hectáreas de cultivos, también estos ríos surten los acueductos de los municipios de Coello, Espinal y Chicoral, amén de las modificaciones que se presentarían en la hidroeléctrica de la Ventana que se surten del distrito de riego de Usocoello y que genera energía eléctrica para los municipios de San Luis, Guamo y Ortega.
Y finalmente, tenemos el estudio general de riesgos integrales realizado por la Universidad del Tolima, que estima que los costos sociales y ambientales de La Colosa, serían mucho mayores que los beneficios potenciales que recibirían Cajamarca y los municipios del distrito de Usocoello.
Ante semejante disyuntiva, no queda otra alternativa que la de construir un gran frente amplio de presión popular y ciudadana, que haga ceder al Gobierno Nacional y su Locomotora Minera y Anglo Gold Ashanti Colombia S.A, de tan salvaje propósito.
En las calles, veredas, municipios, plazas públicas y en todo rincón del Tolima, se debe definir este pleito que nos atañe a todos, por tratarse de un proyecto que atenta contra la vida, donde se quieren desconocer los derechos de los ciudadanos. Y de ser preciso, tomarnos La Colosa, como los santandereanos lo hicieron con Santurban, para hacer respetar los derechos fundamentales a vida y al agua.
