Los esfuerzos por implementar los Acuerdos de Paz en nuestro departamento después de la refrendación han sido visibles, pero hemos visto vulnerados los derechos de nuestras comunidades, especialmente en 13 municipios del Tolima que no fueron tenidos en cuenta en el Decreto 893 del 28 de mayo del 2017, por el cual, se crean los ‘Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial’ (PDET) consagrados en la Reforma Rural Integral del punto uno el Acuerdo Final, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Los PDET son un instrumento de planificación, gestión e implementación de programas en donde se priorizan los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono. Éstos se formulan sólo una vez y tendrán una vigencia de 10 años, fueron formulados principalmente para llevar la presencia del Estado a los municipios más golpeados por el conflicto.
Estos programas buscan la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural, proteger la riqueza pluriétnica y multicultural, promover la economía campesina, integrar a las regiones afectadas por el conflicto armado, fortalecer a las organizaciones comunitarias y convertir el campo en escenario de reconciliación. Sin embargo, el Tolima es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto colombiano y vemos con preocupación que municipios como: Icononzo, Cunday, Villarrica, Prado, Cajamarca, Rovira, Coyaima, Natagaima, Líbano, Purificación, San Antonio, Alpujarra, Dolores, y Roncesvalles; que vivieron décadas de la ausencia del Estado, no fueron incluidos dentro del Decreto.
Nuestro departamento sufrió la violencia guerrillera que produjo muchas víctimas. ¡Ellas merecen más! Por ello, no comprendemos que solo se hayan incluido 4 municipios para beneficiar dentro de los PDET, esto no corresponde a la realidad y a la necesidad de una comunidad olvidada. Nuestra labor desde el Senado tendrá como misión que las víctimas puedan recibir la reparación que contribuya a consolidar la reconciliación. En tal sentido, buscaremos que los municipios afectados por la violencia puedan recibir más beneficios que contribuyan al desarrollo de los tolimenses.
